La realidad del país

Es de toda lógica que la institucionalidad de un país resguarde sus recursos naturales a través de la creación de áreas protegidas. También es normal que entidades no gubernamentales participen activamente en iniciativas destinadas a dicho propósito. Las razones específicas son muchas y diversas, pero en el fondo tiene que ver con asignarle “valor” a los bienes y servicios que generan los bosques y que pocas veces son reconocidos por la sociedad.

No se trata sólo de los costos y beneficios económicos, también de los costos y beneficios ambientales, sociales y culturales.

Los bancos de compensación surgen cuando se tiene la necesidad de compensar impactos y coordinar medidas de compensación, lo que genera un “mercado para el Intercambio”.

En el caso del EPB, se trata de administrar un conjunto de territorios cuyas singularidades y valor en servicios ambientales, lo convierten en candidato en el esquema de compensación de impactos de proyectos de inversión.

Compensar con EPB, hace todo más eficiente

A futuro se esperaría que todas las compensaciones ambientales se gestionaran a través de un sistema unificado y estuviesen insertas en Bancos de Compensación regionales, provinciales y comunales en donde los beneficios asociados serían evidentes para toda la comunidad.

Esta visión es compatible en un 100% con los compromisos internacionales del país en lo referido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Convención sobre la Diversidad Biológica, entre otros compromisos de Chile.

¿Cuáles serían los beneficios de esta forma de compensar?

Permitiría retribuir a los propietarios de recursos naturales (pago por servicios ambientales).

Entregaría seguridad a los proyectos de inversión en cuanto a plazos y costos de las compensaciones ambientales obligatorias o voluntarias.

Los costos de inversión, operación, investigación y mantención asociadas a las acciones de conservación y gestión, serían absorbidos por entes privados.

El Estado continuaría con la labor de fiscalización que le es propia, la que se vería facilitada por los estándares de calidad con que operaría la Fundación de Compensación Ambiental.

Finalmente, el Estado debería, en conjunto con todos los actores relevantes, definir un marco general y los lineamientos en materia de conservación, investigación y restauración, de manera de armonizar las acciones de compensación de acuerdo a las prioridades ambientales.

La vida útil de las acciones de compensación se extenderá significativamente bajo el concepto de Bancos de Compensación, y no estará restringida al periodo de ejecución de obras.